Hace más de medio siglo, exactamente a partir de 1961, la Convención Única de Estupefacientes conforma el marco legal internacional para el control de drogas. De esta manera el prohibicionismo rigió en todas las políticas públicas aplicadas por los distintos países según sus matrices culturales. Tuvieron como común denominador las penas ejemplificadoras para demostrar la gravedad de los delitos relacionados con las sustancias, ya sean consumo, posesión, producción o tráfico, oscilando entre los tratamientos por adicción a las drogas, la privación de la libertad con penas excesivamente largas hasta incluso la pena de muerte en algunos países más extremos.

Hoy podemos ver como esta política lejos de proteger la salud pública y la moral social, principales motivos de su existencia, trajo consigo consecuencias contrarias. En primer término, dio lugar al desarrollo del narcotráfico como método de distribución y comercialización para satisfacer la demanda ya existente, generando así una dependencia exclusiva de los usuarios, y a quienes encontraban su abastecimiento para su consumo a través del autocultivo en el caso del cannabis, se los igualo a través de la ley con el narcotráfico. Al mismo tiempo las sustancias comercializadas, lejos de cualquier control, fueron perdiendo su calidad ocasionando que los usuarios se encuentren con productos de baja calidad o adulterados e incluso consumiendo subproductos de las misma comprándolos por tales. Esto genero daños directos en la salud de los usuarios, que al mismo tiempo no cuentan con herramientas por parte del estado para tratarse, profundizándose esto en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Según datos del estudio de consumo de sustancias psicoactivas de 2017 realizado por la Sedronar con el Observatorio Nacional de Drogas, en Argentina las sustancias de mayor consumo son el tabaco y el alcohol, seguido por el cannabis, las dos primeras legales y en el caso del alcohol con regulaciones muy livianas para su acceso. Al mismo tiempo establece que la tasa de mortalidad por consumo de sustancias es de 70% a causa del tabaco, el 27% a causa del alcohol, y solo 1,5% son relacionadas distintos estupefacientes. Pero los datos que más llaman la atención son los aumentos de los consumos en adolescentes. Para la población entre 12 y 17 años entre 2010 y 2017, el consumo de tabaco aumento del 7,9% al 11,6%; en el caso del alcohol 21,4% al 34,1% y en el caso del cannabis se duplica del 1,3% a 2,7%. A su vez, la violencia de genero asociada al abuso del alcohol jamás genero reparo al contemplar la legislación al respecto y generar políticas en consecuencia.

Por otro lado, podemos ver las consecuencias penales que trajo esta política para los usuarios de sustancias. Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, nos arroja datos interesantes en este sentido. Entre el año 2005 y 2015 se duplico el total de personas que fueron privadas de su libertad por infracción a la ley de estupefacientes alcanzando más del 30% de la población carcelaria. Otros datos llamativos son en relación al trabajo y educación de quienes son presos. De estos el 41% estaba desocupado al ingreso al sistema carcelario y otro 41% tenía trabajo precario. Sólo 18% refirió trabajo de tiempo completo y por otro lado casi 9 de cada 10 personas no ha alcanzado el nivel de escolaridad obligatorio y, de ellos, el 6% no tenía ningún tipo de instrucción formal. Estos datos nos hablan de que las problemáticas de los y las usuarias de sustancias se acrecientan en contextos de vulnerabilidad social.

También debemos hablar de las detenciones que sufren los y las usuarios para luego sobreseídos por la justicia amparados en Fallo Arriola que considera inconstitucional la persecución a usuario de sustancias. Según el informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2017, 1 de cada 3 personas detenidas era por consumo personal, lo que significa que esa persona fue aprendida y privada de su libertad y alojada en una fiscalía o comisaria, hasta que un juez haya determinado que no estaba cometiendo un delito. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es bastante ejemplificador, luego de la des federalización de la ley de estupefacientes, en menos de un año aumentaron las detenciones un 54%, el 78% de las mismas fue ingresada por efectivos de las fuerzas de seguridad en la vía pública y el 70% fueron realizadas en la zona sur de la ciudad. Estos datos reafirman esta realidad de que la estimación a los usuarios de drogas arrastra consigo una estigmatización de la pobreza.

 Hoy, ante el reclamo de la sociedad civil organizada, es necesario modificar la actual ley de drogas y generar nuevos mecanismos basados en la prevención y reducción de riesgos y daños poniendo en primer lugar los Derechos Humanos, el Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y consumo de las personas basado en la evidencia científica y la información necesaria.